1.-INTRODUCCIÓN.-

Aunque a finales del 2012 edité el post:”La crisis del cambio : propuesta de ideas innovadoras para afrontarla con éxito, me veo en la obligación, dadas las actuales circunstancias de la crisis política, de reincidir en mis ideas para disminuir este cáncer de la sociedad, que tanto perjudica a la imagen de España: la corrupción.

Si bien es cierto, que la corrupción históricamente siempre ha sido una lacra adherida al ser humano, ahora en España, es la causa que mas perjudica a nuestra imagen , además de frenar a la capacidad de ejercer con garantías un liderazgo político que sea capaz de afrontar con éxito la crisis económica y política que vivimos. En dicho post, dije:

< Realmente, no hay una reacción colectiva nacional contra la corrupción política , ya que no es una cuestión de cantidades sino del tiempo que las practicas se vienen realizando con la aquiescencia de los partidos políticos locales y nacionales, así como de la intervención general del estado, la policía, la fiscalía y la magistratura en pleno.

Menos mal que parte del sector de la prensa suele destacar los hechos delictivos detectados aun que existan pactos de silencio en el camino, confiando que se instituya una real división de poderes que nos lleve a una verdadera democracia.

Está claro que actualmente los poderes legislativo y judicial no son independientes del poder ejecutivo, que, a su vez, es elegido en listas cerradas, con lo cual cuando se descubre la corrupción , no se la persigue ni castiga como sucede en otros países con democracias más consolidadas.

Es evidente la falta de confianza generalizada hacia los dirigentes del estado español es , en buena parte, consecuencia del deterioro sufrido por la imagen o marca España a nivel mundial, por culpa de los casos de corrupción que no dejan de salir, el lento y politizado sistema judicial el déficit financiero y publico con grandes despilfarros y falta de control.

Resultan sospechosos y claramente indicativos los destinos de los políticos que han ejercido cargos en las instituciones públicas. La inmensa mayoría están ocupando puestos relevantes en los consejos de grupos empresariales o financieros, pese a que, en muchos casos, no tengan una experiencia o estudios que puedan avalar su actual dedicación.

En cuanto a España, se necesita una Reforma Constitucional partiendo de cero que ponga al día lo instituido durante la transición, independizando los poderes públicos, persiguiendo la corrupción ,consolidando el estado del bienestar y mejorando el sistema de partidos actual, asegurando que el país sea dirigido por personas formadas con idiomas y C.V. intachables.

Por último, y lo más importante, será atacar sin miedo una profunda puesta al día de la Constitución, que sirva para crecer en democracia, con nuevas leyes electorales, sistemas de partidos políticos, independencia de los poderes públicos, reforma judicial, reestructuración de las instituciones evitando el despilfarro y duplicidades ,etc.>

La lucha contra la corrupción se ha instalado como tema destacado en la agenda pública internacional desde los años 1990 y, como consecuencia, se ha impulsado en todo el mundo el diseño y promoción de diversas políticas y estándares comunes en materia de transparencia, controles y rendición de cuentas de los poderes del Estado. Sin embargo, la existencia de estas normas no ha asegurado por sí misma su efectivo cumplimiento. De hecho, su éxito está relacionado con las burocracias estatales y los sistemas judiciales y, fundamentalmente, con factores de índole cultural que privilegian el respeto de la ley.

A continuación, he recopilado algunas ideas sobre la corrupción analizándola y tratando de explicar sus causas, consecuencias y formas de afrontarla con éxito en el entorno y circunstancias de nuestro país, con el fin de animar y movilizar al lector en la revolución y cambio político que se necesita en la vigente era de la comunicación sujeta a cambios exponenciales y turbulentos en todas las facetas económicas, políticas y sociales.

2.-EL PARADIGMA DE LA CORRUPCIÓN.-

La organización Transparencia Internacional define la Corrupción como soborno como un ofrecimiento o recepción de cualquier regalo, préstamo, honorario, recompensa u otra ventaja para o de cualquier persona como incentivo para hacer algo que es deshonesto, ilegal o un abuso de confianza, en el ejercicio de la actividad empresarial”.

La corrupción consiste en un acuerdo ilegítimo entre un corruptor y un corrupto, en el cual abusan de su poder público para el logro de beneficios particulares, que no favorecen al bien común.

Corrupto es quien soborna o acepta ser sobornado, para garantizar beneficios para sí, para un partido o para el gobierno. El punto central es el abuso de la posición de poder. Existe, por lo tanto, una relación estrecha entre poder y corrupción, ya que la Corrupción es el uso del poder en beneficio propio. El beneficio puede ser dinero, influencia, proyección, tratamiento especial. Es fundamental el secreto en las transacciones, porque son inmorales o ilegales. Se usan, pasiva o activamente, regalos, presiones, fraudes, sobornos y nepotismo.

La legislación designa a los partidos como los únicos instrumentos para acceder al poder político, pero si tales instrumentos están viciados, en poco o nada podrán contribuir a que se fortalezca la democracia.

La corrupción es muy difícil de comprobar, bien sea porque sus protagonistas se preocupan de ocultarlos o porque así resulta de su propia naturaleza, ya que quienes corrompen o se dejan corromper están igualmente interesados en que nada transcienda , borrando cualquier indicio de lo que han realizado.

La corrupción tiene su base en la ausencia de la ética. Se ofrece al funcionario público cualquier objeto de valor u otros beneficios como favores, promesas o ventajas, a cambio de que realice u omita cualquier acto en el ejercicio de su función pública, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial que lo beneficie injustamente. Ahí es donde éste demuestra su falta de valores, tales como la responsabilidad, la lealtad, el respeto y la honestidad.

La clase política sufre las consecuencias de la corrupción en la falta de confianza de la gente hacia los partidos, que sólo se explica a partir de que la sociedad civil se percata de que los políticos han beneficiado indebidamente a sus allegados y a sus familias, y que una vez que éstos salen del ejercicio activo del poder político, lo hacen en condiciones substancialmente mejoradas como producto del enriquecimiento ilícito en el que participaban y promovían, justificándose a partir de la impunidad de que se han rodeado.

Seguramente, el efecto más pernicioso de la corrupción, sea el falseamiento del sistema democrático y la perniciosa existencia de un clima de desconcierto en la sociedad que observa cómo su funcionamiento diario gira en torno a escándalos, abusos, y en general conductas que distan mucho de una gestión eficaz, con la consecuencia de que se corrompan los demás, generándose de esta manera una situación de caos en la que se hace muy difícil identificar al culpable y darle su correspondiente castigo.

La corrupción aleja de las tareas públicas a aquellas personas que podrían prestar un servicio al bien común con su participación, y por el contrario, fomenta las comisiones ilegales a los partidos políticos. En definitiva, un clima social de engaño y mentira en el que todo se mide en función del dinero y del poder, y en el que se pierde, poco a poco, la referencia del sistema democrático. Por lo tanto, la corrupción inhibe el desarrollo de los pueblos, debilita la institucionalidad democrática, crea la desconfianza de la gente hacia la clase dirigente, erosiona la formación de valores ciudadanos y brinda la oportunidad para que broten otros tipos de corrupción como la administrativa y la económica.

Naturalmente los gobiernos, elegidos para representar al pueblo y velar por el desarrollo de las naciones, son los primeramente obligados a adoptar la ética, para que la conducta de sus funcionarios sea transparente, efectiva y legitimada por la opinión pública.

El servidor público debe tener claro para qué y al servicio de quién trabaja y claridad de ideas que también tiene que existir en el ámbito privado. La corrupción crece y llega, si no se la detiene a tiempo, a ser una práctica normal. Por eso la sensibilidad hacia lo público exige, además de una formación adecuada, el ejercicio, por parte de los funcionarios y gestores públicos, de unas conductas ejemplares. Y para ello es necesario que aquellos que tienen la responsabilidad realicen una autocrítica, analicen en qué fallan, se enmienden y sean capaces de aportar soluciones. En esa dirección es importante darle más atención a los análisis y medidas orientadas a la reorganización de las cadenas de poder, especialmente en los campos de la economía, el conocimiento y la comunicación. El objetivo de estos análisis es trazar las rutas del dinero, de los bienes o de la información y darles un sentido de mayor transparencia y equilibrio social.

Los gobernantes deben dar muestras de voluntad para castigar ejemplarmente a los funcionarios involucrados en actos de corrupción, los cuales deben ser castigados con más rudeza que un ciudadano común por cargar con mayor responsabilidadEs necesario establecer un código de ética para la función pública.

Se requiere fortalecer la educación de los pueblos, ya que es la única vía que contribuye a revitalizar los valores morales, cívicos y espirituales de la persona, como una necesidad para lograr las aspiraciones de un mundo mejor, más humano en donde se imponga la cultura de la transparencia y la honestidad. En conclusión, para combatir la corrupción se necesita la participación de todos y no solamente de los gobernantes.

3.-CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN.-

Las consecuencias de los escenarios con corrupción estructural son muy graves. Seguidamente mencionaremos algunas, a saber:

  • El sistema político pierde legitimidad.
  • Se realiza una mala asignación de recursos.
  • Los mejores negocios no dependen de las capacidades de las personas, sino de la influencia que se pueda ejercer sobre los responsables de tomar decisiones en los procesos de compras, contrataciones y pagos.
  • Se destruye el profesionalismo: el interés por el soborno reemplaza los criterios profesionales.
  • Las personas honestas quedan segregadas, marginadas y desanimadas.
  • Se pierde previsibilidad sobre el futuro de la organización o del sistema.
  • Se debilita el desarrollo y causa un creciente abuso de los derechos humanos.
  • Se socava la integridad de una sociedad.
  • Se distorsiona las operaciones de los mercados y priva a la gente común de los beneficios que se derivan de ellos.
  • Se favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas.
  • Se erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos.
  • Se reproduce una concepción patrimonial del poder.
  • Se reducen los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social.
  • Se permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas, sin sustento o legitimidad popular.
  • Se revitaliza una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación.

4.-MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA.-

La corrupción política, económica e institucional es el cáncer de nuestra democracia. Lo atestiguan las encuestas de opinión y lo demuestra la realidad. Entre las cifras de la corrupción en España, destaca que hay casi 1.700 causas abiertas en diferentes órganos judiciales, más de 500 imputados en estos procedimientos y sólo una veintena cumpliendo condena en alguna de las cárceles del territorio nacional.

Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales. Las reacciones de los partidos, sindicatos e instituciones afectados ante los casos de corrupción son muy parecidas: primero se apela a la presunción de inocencia, luego se recuerda al resto de formaciones políticas sus propios casos de corrupción; se afirma que se trata de casos aislados, y se anuncian medidas más o menos llamativas para evitar nuevos casos en el futuro.

Hoy en día, el 74 por ciento de los ciudadanos considera que la corrupción está aumentando en España, y más de la mitad que es un fenómeno que afecta más a nuestro país que al resto de Europa. Además, el 89 por ciento de la población cree que la justicia trata mejor a los políticos que al resto de ciudadanos; lo que abona la tesis permanente de que los miembros de instituciones, o los cargos públicos, pertenecen a una casta privilegiada sobre la que no existe una percepción real de justicia.

Un estudio de la Universidad de Las Palmas cifra en 40.000 millones de euros el coste social de la corrupción en España. El coste de la corrupción estudiado incluye el impacto sobre la reducción de inversión extranjera, los casos que no se detectan o no pueden ser probados judicialmente, o el desánimo en la población, que deja de emprender proyectos personales y profesionales por miedo a que la corrupción los detenga. El trabajo se basa en un método de estimación del coste social de la corrupción a través del análisis de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Con esta nueva metodología “la corrupción nacional es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales y en el Índice de Transparencia Internacional”. Los investigadores afirman que  sólo con reducirla nuestro país podría alcanzar sus objetivos de déficit público sin tantos recortes, y sin subir los impuestos.

En Setiembre del 2013 el Consejo de Ministros ha aprobado el informe del Plan de regeneración democrática, que incluye 40 medidas para luchar contra la corrupción y avanzar en la transparencia de las administraciones públicas. Estas son las 40 medidas:

4.1.-CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.-

  1. Responsabilidad en las cuentas. Regulación de la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos.
  2. Rendición de cuentas. Comparecencia anual obligatoria en el Parlamento del responsable de la gestión económica-financiera de los partidos políticos.
  3.  Obligatoriedad de presentación de cuentas. Obligación de todos los partidos políticos de presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, independientemente de si reciben o no subvenciones.
  4. Transparencia en las cuentas. Obligación de reflejar en la cuenta de ingresos de los partidos políticos todas las subvenciones, así como las donaciones que superen la cuantía que se establecerá en la ley.
  5. Regulación de la aprobación de cuentas. Regulación obligatoria, en los estatutos de cada partido, del procedimiento de aprobación de sus cuentas.
  6. Regulación de las contrataciones. Obligación de aprobar directrices de contratación por parte de los partidos políticos.
  7. Registro de fundaciones y asociaciones vinculadas. Inscripción obligatoria en el Registro de Partidos, de forma que cada partido político declare qué entidades se encuentran vinculadas a ellos.
  8. Control de las fundaciones y asociaciones vinculadas. Refuerzo de los mecanismos de control sobre su actividad económica y financiera.
  9.  Definición de las fundaciones y asociaciones vinculadas. Determinación explícita de los criterios que determinan la vinculación a un partido político.
  10. Colaboración pública en la fiscalización de las cuentas. Refuerzo de la fiscalización mediante fórmulas de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y organismos públicos como la Agencia Tributaria, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses.
  11. Colaboración privada en la fiscalización de las cuentas. Refuerzo de la fiscalización mediante la colaboración obligatoria de las entidades de crédito con el Tribunal de Cuentas.
  12. Ampliación del régimen de infracciones. Se amplían las infracciones aplicables a los partidos políticos, incluyendo -además de las muy graves- las infracciones graves y leves, con sus correspondientes plazos de prescripción.
  13. Ampliación del régimen de sanciones. Se prevén sanciones para las nuevas infracciones graves y leves.
  14. Refuerzo del cobro de las sanciones. Posibilidad de cobro de las sanciones en periodo ejecutivo por parte la Agencia Tributaria.
  15. Mejora del procedimiento sancionador. Clarificación del procedimiento sancionador, subsanando deficiencias en la normativa.
  16. Retención de las subvenciones. Retención del pago de subvenciones a los partidos políticos que no presenten sus cuentas, previa comunicación del Tribunal de Cuentas.+
  17. Control de las subvenciones. Se da rango legal a la obligación de los partidos políticos de cumplir los mismos requisitos que cualquier otra entidad privada para concurrir a las convocatorias de subvenciones.
  18. Creación de partidos. Se elimina el requisito de nacionalidad española para crear partidos políticos, en coherencia con la normativa comunitaria.

4.2.-REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE CARGO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.-

19. Codificación de obligaciones y derechos del cargo público. Establecimiento, en una norma con rango legal, de las obligaciones y derechos de los cargos públicos de la Administración General del Estado, corrigiendo la actual dispersión normativa.

2o.Concreción del ámbito de aplicación. Definición explícita del concepto de cargo público de la Administración General del Estado.

21.Transparencia. Mayor publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales.+

22.Concreción presupuestaria de las retribuciones. Las retribuciones de los cargos públicos deberán figurar en las normas presupuestarias de forma clara y homogénea.

23.Homologación total del régimen de protección social. Los altos cargos contribuirán al régimen de protección social en las mismas condiciones que el resto de trabajadores públicos y, por lo tanto, con los mismos derechos en el régimen de pensiones públicas.

24. Concreción de los gastos de representación. Delimitación de los usos a los que pueden ser destinados los gastos de representación. Los límites fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en ningún caso podrán ser ampliados.

25.Prohibición de tarjetas de crédito. Justificación estricta de los gastos reembolsables, acreditando su necesidad para las funciones inherentes al cargo.

26. Refuerzo de la oficina de conflicto de intereses. Ampliará sus funciones y reforzará sus medios.

27. Fiscalización. Fiscalización ex post del patrimonio de los cargos públicos por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses, una vez abandonen su puesto, para detectar las situaciones de enriquecimiento injustificado.

28.Colaboración. Colaboración de la Oficina de Conflicto de Intereses con organismos como la Agencia Tributaria.

29. Control. Modificación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para ampliar el elenco de “personas con responsabilidad pública”.

4.3.-RESPUESTA PENAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.-

30.Nuevo régimen de sanción penal para los partidos políticos. Se crearán nuevos delitos relacionados con la financiación de partidos, recogiendo por primera vez de forma explícita el delito de financiación ilegal de partidos políticos.

Refuerzo del marco penal aplicable en los principales delitos asociados a la corrupción:

31.Prevaricación.

32. Cohecho.

33.Tráfico de influencias.

34.Fraudes y exacciones legales.

35.Prohibición de contratar con las administraciones. Modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para prohibirá a los condenados por prevaricación, falsedad en las cuentas de los partidos políticos o financiación ilegal, entre otros, contratar con la Administración Pública.

36.Nueva pena accesoria. Inhabilitación especial en los delitos de tráfico de influencias, y fraude y exacciones ilegales para prohibir a los condenados -además de contratar con la Administración Pública- recibir subvenciones o ayudas públicas, o recibir beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

Mejoras procesales:

37.Agilización del procedimiento. El juez podrá decidir la no acumulación de procedimientos para agilizar la instrucción y el enjuiciamiento.

38.Separación de responsabilidades. Se podrá separar la determinación de la responsabilidad civil de la penal, para no entorpecer el desarrollo de ninguno de los dos procedimientos.

39. Racionalización del régimen de recursos. Se racionalizará la regulación de los recursos para evitar su uso con efectos dilatorios del proceso en la fase de investigación.

40. Recuperación de activos procedentes de los delitos de corrupción. Se refuerzan las garantías en el proceso penal para evitar que los condenados se lucren con los efectos del delito.

5.-SITUACIÓN ACTUAL .-

Desgraciadamente, poco hemos avanzado desde finales del 2013, incrementándose paulatinamente y sin descanso, nuevos escándalos públicos de corrupción política, financiera, sindical  y empresarial. Realmente, seguimos padeciendo la clase política que, el nefasto sistema de participación ciudadana en vigor desde la Transición, ha consolidado al no limitar la ejecución del poder y anular la democracia interna de los partidos políticos, amén de utilizar listas cerradas que no facilitan la elección verdaderamente participativa de la ciudadanía.

Así tenemos, una corrupción institucionalizada y generalizada en la sociedad, donde se permite todo tipo de corruptelas, que no son debidamente castigadas y ni siquiera se producen devoluciones de lo robado, junto a penas de cárcel,  irrisorias y comparativamente injustas. Esto ha contribuido a que haya una opinión generalizada  entre los ciudadanos españoles de que la justicia no trata de la misma forma al poderoso que al resto y que hay ideología política en la decisión judicial. En la actual clase política pululan numerosos funcionarios que desde siempre sólo se han dedicado a la política , gestionando la administración pública y procurando medrar y asegurarse su futuro, pese a no tener ninguna experiencia como dirigente empresarial o estudios que den alguna solvencia en su conocimiento o experiencia.

Actualmente, se está estudiando las nuevas leyes judiciales en la comisión constitucional correspondiente, lo cual está originando un afloramiento de la opinión de los fiscales, empezando por su fiscal generaldel Estado: Eduardo Torres-Dulce, criticando  las reformas judiciales basadas en el Código Penalpara sustituir a la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal que el ministro de Justicia: Alberto Ruiz-Gallardón, tiene por proponer y realizar  desde hace más de un año. Las críticas se centran especialmente en las siguientes cuestiones:

  • Que es mucho más importante la respuesta procesal ágil que el endurecimiento de las penas
  • Que se aplican penas desproporcionadas y desequilibradas
  • Poner el acento en las condenas y no en el proceso penal y la respuesta judicial
  • Las causas más complejas llegan precocinadas por la policía y Hacienda, sin que se deje la instrucción en manos de los fiscales.
  • Evitar los macro-procesos que se eternizan y dan imagen de impunidad, coninvestigaciones que rebasan toda una década, prescripciones que conducen al archivo de responsabilidades, absoluciones inesperadas, condenas que no llevan aparejadas la recuperación del dinero público o indultos, etc.
  • La falta de medios materiales y humanos y de acceso a datos de registros públicos, con la que trabajan las fiscalías provinciales, donde se ventilan el 80 por ciento de las causas judiciales.
  • Que se tomen medidas para combatir la corrupción, que cambien la opinión de que la justicia no trata igual al poderoso que al resto, y que hay un trato ideológico en función del acusado
  • La necesidad de llevar a cabo una actuación, lo suficientemente decidida y enérgica, contra la corrupción porque, de lo contrario, se corre el riesgo, por un lado, de incrementar una sensación de impunidad que sirva para incrementar los comportamientos corruptos e ilegales y, de otro, de que puedan generalizarse críticas infundadas  cuestionando la labor de los servidores públicos que cumplen honestamente con su deber

Al mismo tiempo, el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en su comparecencia ante la citada Comisión Constitucional ha señalado como culpable de  la corrupción española a la existente financiación de los partidos políticos, además de la normativa sobre los contratos públicos, el urbanismo y algunas materias del régimen local en vigor. El mismo, ha recomendado para luchar contra la corrupción, un incremento de los   controles, transparencia, rendición de cuentas y tratar de atraer a la política a los  más valiosos ciudadanos. En cuanto a las remuneraciones de los cargos políticos ha apuntado que le parecen poco suficientes para captar a personas que desempeñen eficaz y  dignamente su cometido, lo cual opino es cierto, habiendo, por mi parte, siempre pensado que los  dirigentes del Gobierno debieran recibir emolumentos comparables a los dirigentes de las grandes corporaciones empresariales.

También, ha considerado, como totalmente necesario, la consecución de un pacto de Estado contra la corrupción, que abogue por instituir unas buenas leyes, junto a promover una cultura cívica que rechace la corrupción. Respecto al proyecto de ley de control económico y financiero de los partidos políticos, se ha mostrado partidario de la financiación pública de los partidos  y ha subrayado que, en la actualidad, el 80 por ciento del dinero que estos perciben es público, frente al 14 por ciento que proceden de cuotas de afiliados.

Por otro lado, es conocido que, fiscales del departamento de Anticorrupción del Ministerio Público coinciden e insisten en la necesidad de cambiar las leyes en los siguientes términos:

  • Piden que sea considerado delito el enriquecimiento injustificado de políticos y funcionarios. Para ello,solicitan  que los jueces, los fiscales, los inspectores de los múltiples organismos creados para garantizar la buena administración, sometiesen a cada una de las instituciones de representación y a sus miembros a un control periódico y sistemático cuyo criterio fuese el de la presunción de culpabilidad. las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos, que no pueda ser razonablemente justificado por él, con la necesaria    exigencia de explicar un nivel de vida inexplicable Los fiscales de Anticorrupción sugieren que los órganos administrativos, como el Tribunal de Cuentas, ejerzan un verdadero control,  creándose un cuerpo de inspectores eficaz.
  • Demandan protocolos para proteger a los testigos y atraer a los denunciantes, ya que actualmente no hay esquemas de protocolos ni dinero que los financien. Exponen que los denunciantes o testigos contra la corrupción los hay de dos tipos, aquellos que no se han visto involucrados en ningún delito y lo hacen por honradez y convicción cívica y quienes hablan a cambio de librarse de una imputación. Los fiscales se ven absolutamente limitados para elaborar una estrategia que estimule la iniciativa de los primeros. Y respecto de los segundos, cuentan apenas con el artículo 426 del Código Penal, que sostiene que «quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por un funcionario público, denuncian el hecho a la autoridad… siempre que no hayan transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos.

6.-RECOMENDACIONES FINALES.-

Como conclusión a lo anteriormente expuesto, adjuntamos un esquema en power point donde se representa las acciones que se pueden considerar necesarias para combatir y erradicar al máximo el elevado nivel de corrupción alcanzado en España. Como método de análisis se ha aplicado la técnica del mapa hipotético para encontrar respuestas adecuadas a la pregunta de : ¿Cómo eliminar la corrupción en España. Adjunto la mencionada representación:

Descarga mapa_hipotetico_corrupcion

Las soluciones para evitar la corrupción se descomponen en cuatro premisas, acompañadas por una necesidad perentoria que sirve de catalizador de ellas, a saber: una Educación Social que enseñe a la ciudadanía a seguir una cultura cívica de ética y honestidad desde su juventud. Las citadas premisas son:

1.-CAMBIAR LA JUSTICIA Y LAS LEYES.-

Leyes:

  • Ley del Suelo, que acondicione la financiación de las instituciones locales.
  • Ley de la Transparenciaque obligue y facilite el conocimiento de los gastos realizados por los administradores de instituciones públicas o estatales.
  • Ley Electoralcon nuevo sistema electoral realmente participativo.
  • Ley de los Partidos Políticos que limite su duración en el poder, grado de preparación y normalice una real democracia interna.

Justicia:

  • Independencia política del poder judicial.
  • Modernización de la estructura judicial con las TICs
  • Penas contra delitos fiscales, como el blanqueo de dinero y fuga de capitales a paraísos fiscales.
  • Penalización a la mala gestiónde dirigentes públicos o privados con derroches o despilfarros ilegales y deshonestos.

2.-REFORMAR LA GESTIÓN FINANCIERA.-

  • Eliminar el poder político.
  • Boicot a los paraísos fiscales.
  • Control de los sueldos de los dirigentes.
  • Control de la gestión bancaria.
  • Consolidar el “banco malo(SAREB)”·

3.-REGENERAR LA CLASE POLÍTICA.-

  • Financiación de los partidos. Sin subvenciones estatales y control de las financiaciones privadas o empresariales.
  • Democracia interna de los partidos políticos.
  • Eliminación de las incompatibilidades
  • Listas abiertas. Establecer un sistema electoral más participativo que evite las actuales listas cerradas, donde los partidos políticos presentan sus candidatos.

4.-REFORMAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-

  • Establecer un Presupuesto Base Cero.Este sistema PBO  trata de que los ingresos y gastos estén perfectamente equilibrados evitando pérdidas en los resultados de cualquier gestión administrativa.
  • Evaluar las gestiones de los administradores públicos. Establecer un sistema de evaluación que permita valorar la eficacia y eficiencia de los gestores.
  • Eliminar las duplicidades. No permitir la duplicidad en diferentes puestos de trabajo o de departamentos o administraciones institucionales a nivel estatal o autonómico.
  • Reforma estructural. Disminución de los organismos se administraciones locales fusionando Ayuntamientos, Alcaldías u otras agrupaciones no eficaces en sus funciones.
  • Control de gestión. Establecer un riguroso sistema de control y seguimiento de la gestión de las administraciones públicas estatales y autonómicas, que disponga de los recursos necesarios.