REFORMAS EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA CON PENSAMIENTO SISTÉMICO

1.-PRESENTACIÓN.-

Desde mi juventud he tenido presente el pensamiento político, disponiendo de una buena biblioteca heredada de mi tatarabuelo Pedro María Piñera y bisabuelo Cesaréo Cerragería, ambos carlistas en el siglo XIX. Por tanto, no es de extrañar que me afiliará con 14 años(1953) a un círculo carlista defensor de Carlos VIII. por supuesto, en la clandestinidad.

Posteriormente, gracias a mi afición por la lectura política , fui evolucionando en mis pensamientos para acabar inclinándome hacia el liberalismo y definiéndome como liberal federalista en Sheffield(1968),donde estaba trabajando, asistiendo a reuniones en un restaurante de un exiliado anarquista asturiano, donde hablábamos sobre la solución para cuando muriera Franco, habiendo socialistas, un independiente canario y dos nacionalistas vascos.

Al comienzo del 2014 me afilié al Movimiento Ciudadano, viendo que coincidía en muchos aspectos con mis ideas expresadas en el blog: http://historiasypolitica.com.

Al poco tiempo fui revocado sin citar causa ni quién se responsabilizaba del hecho, posiblemente por ver en mis escritos un factible candidato a quitar a los dirigentes territoriales trásfugas de UPyD y del PP  y perfectos vividores de la política que defienden sus poltronas y prebendas de cualquier manera , aunque sea claramente con acciones  antidemocráticas. Lo mismo sucedió con la gente válida que se había afiliado e incluso conseguido presentarse como candidatos en las elecciones municipales  y autonómicas del 2014.Entonces he podido comprobar la falta de democracia interna que, como en todos los partidos actuales, prevalece gracias a la nefasta ley electoral y de partidos que padecemos desde la transición de 1978.

En 1991-2-3 , viviendo en Barcelona, participé en la consolidación del Foro de Eduard Punset con el objetivo de crear un partido político que cambiara el sistema electoral bipartidista de la transición y evitar la corrupción política que ya prevalecía por entonces.

Desde 2010 empecé a escribir artículos en mi blog, hasta que en el 2012, decidí descomponerlo en dos, para separar la política de la dirección de empresa. Ahora trataré de seguir actualizando los artículos editados tratando aplicar un enfoque sistémico a mis ideas políticas reflejadas en los artículos siguientes:

• https://actualidadempresa.com/enfoque-sistemico-aplicado-la-organizacion-empresarial/
• https://actualidadempresa.com/metodologia-sistemica-proceso-estrategico-empresarial/
• https://actualidadempresa.com/pensamiento-sistemico-en-las-instituciones-estatales-espanolas/
• https://actualidadempresa.com/reformas-la-constitucion-espanola-pensamiento-sistemico/
• https://actualidadempresa.com/pensamiento-sistemico-en-la-evaluacion-de-militantes-en-los-partidos-politicos-1aparte/
• https://actualidadempresa.com/enfoque-sistemico-en-miembros-organizacion-y-financiacion-de-un-partido-politico-2aparte/

2.-EL CONCEPTO DEL LIBERALISMO FEDERALISTA.-

La libertad se logra cuando un individuo disfruta de un dominio que permita que los demás no puedan interferir con sus proposiciones y así sea posible la búsqueda individual de sus propios objetivos, lo cual es totalmente contrapuesto a la idea socialista con el control de las fuerzas sociales para dominar y controlar al individuo.

La solución viene de crear una sociedad libre en la que la condición individual esté regulada por normas de justicia o leyes, de manera que cada ciudadano pueda ejercer sus propósitos. La teoría liberal hoy en día se debe reafirmar dentro de los elementos esenciales del individualismo de corte liberal pero con un carácter globalizante. No obstante  hay que considerar la existencia de grupos con sentimientos regionalistas profundos, con tendencia a resultar corrosivos para la paz y nocivos para la libertad individual.

La idea de una estructura federalista  es una posible solución a  tener en cuenta para evitar los problemas grupales que pueden acabar en separatismos o independencias no deseadas. El federalismo debe conseguir la interrelación entre los grupos regionales, de forma que reduzca el poderío económico y político de todos los grupos  facilitando la interacción al nivel de los individuos. Ahora bien, siempre lo realizará cuidando de la existencia de un poder mayor que pueda convertirse en una amenaza a la libertad individual, con lo que se controla la soberanía de la nación por la vía de incluirla en una federación de regiones agrupadas.

Luis Carretero y Nieva, licenciado en ciencias e ingeniero, disertó en su libro “ Las nacionalidades españolas”(1943-4) sus ideas federalistas, diciendo: “Cambiar a España como una comunidad de pueblos, aplicar sin temor a esos pueblos la calificación de nacionalidades, no hacer del concepto de nacionalidad una idea exclusivamente política y llegar a la super-nacionalidad española, en la que caben todas las nacionalidades que los siglos y la tradición de los pueblos españoles han formado y que todos los ensayos de unificación no han podido destruir , es llegar a la raíz del problema”.

Siguiendo sus proposiciones, pienso en la necesidad de propugnar una estructura federalista para los pueblos españoles, procurando que no los ahoguen bajo el unitarismo que repugna a su naturaleza, y creando un clima propicio para contribuir a la adecuada coordinación de la existente  diversidad española.

Hay que federar pero solo lo indispensable y nada más, pues siempre vale más dispersar el poder. Es necesaria una coordinación y el sentido de la unidad entre las instituciones federales.

La organización del país en forma federal ha sido factible por medio de autonomías  culturales y políticas dentro de una unidad natural de España. Sin desdeñar que siempre habrá separatistas de corazón y autonomistas de cerebro, con lo que es primordial aspirar a convertir al españolismo cordial y patriótico a los separatistas de sentimiento, para lograr la creación de una España al compás de nuestro tiempo e integrada en la los Estados Unidos de Europa.

Autonomía, regionalismo, no pueden significar separatismo, sino renacimiento de las fuerzas regionales para una mayor grandeza de España. Si existiera una super-nación española existiría un patriotismo español.

Un Estado federal es una forma de organización política descentralizada, con un Estado central y distintos entes territoriales autónomos, que se relacionan conforme a lo dispuesto en una Constitución federal; en ella se establece cómo se distribuyen las competencias entre las instituciones centrales y las territoriales. En España son comunidades autónomas y tienen estatutos de autonomía.

En España tenemos un federalismo asimétrico al haber recogido la Carta Magna los derechos históricos del País Vasco y Navarra, que especialmente reportan competencias fiscales de mayor gestión que en el resto de autonomías. En el futuro no es desdeñable sopesar el proponer y consolidar un federalismo simétrico si aceptaran todas las autonomías unas competencias similares con lo que implica una gestión equilibrada de sus gastos e ingresos, junto a los requerimientos solidarios que se consensuen, quedando siempre a la espera de la política fiscal de la Comunidad Europea, que, tal vez, pudiera acabar aceptando un sistema similar en sus estados.

El concierto económico de Euskadi y Convenio de Navarra suelen ser criticados por el resto de España, pero la realidad es que se desconoce en gran parte su composición y cálculo del cupo para entregar solidariamente al estado central los gastos que haya realizado en servicios generales como defensa y otras competencias estatales.

Para su conocimiento recomiendo la lectura de los libros de Pedro Luis Uriarte editados en el 2015-6-7 , para difundir el sistema retributivo y defenderlo por su derecho histórico , tradicional y eficacia demostrada, a saber:

• “El Concierto Económico Vasco: una visión personal”
• “Nuestro Concierto: Claves para entenderlo”
• “139 preguntas sobre un Concierto con 139 años de vida”

El rechazo al la fiscalidad asimétrica viene del desconocimiento mencionado o cierto miedo al riesgo que implica su aceptación o , especialmente a un sentimiento ideológico , que considero desacertado.

Realmente en 1980 ninguna autonomía quiso acogerse al régimen foral prefiriendo se les aplicara el régimen general. Lo mismo sucedió en el año 2000, aunque es cierto que alguna autonomía como la de Cataluña quiso negociar un plan fiscal, a lo que se opuso el gobierno de Rajoy, lo cual fue una mala decisión en lo que sin duda tuvo que ver el tiempo político y económico. En medio de una gravísima recesión, no era el mejor momento para tomar decisiones radicales sobre un asunto tan complejo y delicado como es el equilibrio territorial.

Se sabe es que cuando la hacienda pública está más cerca de los contribuyentes, el sistema es más eficiente y también en la lucha contra el fraude, aparte de que, en términos políticos, los ciudadanos sienten que el dinero de sus impuestos se gasta en su territorio y no en políticas afectas al clientelismo político.

En cualquier caso, la existencia de una cartera de servicios mínimos garantizados, perfectamente identificados e incluso insertados en el propio texto constitucional para obligar a que se cumplan, debería ser suficiente para aplicar la justa solidaridad interregional que asegure un mínimo de nivel de bienestar social, por ejemplo dentro de los contextos de la Educación, Sanidad y Pensiones.

Además, últimamente empieza a detectarse un movimiento favorable a la aplicación de una política fiscal en los Estados Unidos de Europa  de estructura similar a la del concierto y convenio económico que rige en España.

El federalismo daría al modelo territorial español una identidad de la que carece, al tiempo que podría ser un poderoso instrumento emocional y cultural para unirnos más. Por razones históricas y sobre todo racionales, el patriotismo o elemento consciente de la nacionalidad se ha fraccionado. Es algo a considerar que en España, es más fuerte la emoción de la patria chica que la de la patria grande y asi actúa con más fuerza la solidaridad de la región  que la de la nación. Sin embargo, el español de cualquier región, que resida en el extranjero siente renacer su orgullo innato con patriotismo español además del subyacente regionalista.

3.-DISQUISICIONES SOBRE LA ACTUAL SITUACIÓN POLÍTICA.-

El concepto de DEMOCRACIA, hoy no es más que un burdo sucedáneo, administrado por los todopoderosos y corrompidos partidos, que han olvidado su originaria función de representar las diversas voces del pueblo y de estimular la participación de los ciudadanos en la política, para convertirse en un fortín de prebendas, alejado de la vida real, y repleto de mediocres al servicio del dictado del líder.

Hace ya tiempo que los partidos políticos han dejado de representar a los ciudadanos; su distanciamiento y falta de credibilidad social es algo tan preocupante como urgente de resolver, y la actual sensación general de corrupción política propicia la desconfianza y la indignación, ampliando el divorcio entre los partidos y la sociedad

Vivimos en una época de cambio después de que la Constitución y el Estado de las Autonomías han permitido expandirse a la clase política apoderándose  de las instituciones sin un sistema de controles suficientemente eficaz, con lo que se ha instalado una corrupción galopante.

Hicimos la transición legal, ahora habría que hacer una transición ética, que evite el conformismo de los dos partidos preponderantes preocupados especialmente en ocupar un puesto y dedicarse a sobrevivir en sus  poltronas y prebendas, con las consecuencias de que en las actuales circunstancias, los partidos se corrompen inevitablemente, y corrompen a sus miembros.

España padece un poder político en detrimento de lo cívico, cuando la ciudadanía es la que fundamenta el Estado, con lo cual se obtiene un despegue y decepción de los ciudadanos hacia la clase política, a los que pintan como vividores de la corrupción y sin preparación idónea al cargo.

El actual sistema está orientado a alejar a los ciudadanos del ejercicio del poder, dejándolo como monopolio a los partidos. Así no se forman ciudadanos sino gente despolitizada, fanatizada y ajena a la cosa pública y fácilmente manejables con demagogias populistas. Además, mientras subsista el sistema como está, corrompido y viciado, la prensa estará al servicio del dinero, sometida a los poderosos y no sólo a los políticos, sino también a las grandes empresas y “lobbies”(grupos de presión con intereses comunes).

Por todo ello, la necesidad de fortalecer la sociedad civil, para enfrentarse a un poder político degradado, puede desembocar en la rebeldía ciudadana que lucha para inclinar el poder al lado de la decencia y del pueblo libre y democrático con exigencias éticas y solidarias.

Si los constituyentes no se atrevieron a ir más allá y hablaron de “nacionalidades” es porque los términos están cargados de historia y ocultan, para los más críticos, intenciones jurídicas de mayor calado. Pactos posteriores y reformas sucesivas de los estatutos han creado 17 comunidades autónomas con competencias muy similares a las de los miembros de un Estado federal: sanidad, educación e impuestos, fundamentalmente.

Según el último Barómetro del CIS la corrupción es el segundo motivo de preocupación de los españoles. Por otra parte, en el último Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, España ha sido el segundo país del mundo que más ha empeorado en su valoración relativa a la corrupción. También en la última Encuesta Social Europea, los ciudadanos españoles reprueban claramente tanto a los partidos como a los propios políticos, calificándoles a ambos con la valoración más baja .Además, nos hemos enterado ahora los ciudadanos, por el último informe del Tribunal de Cuentas, de que una buena parte de los partidos políticos españoles se encuentran desde hace años en situación de quiebra técnica, o lo que es lo mismo, tienen un patrimonio neto negativo, por haber ido gastando bastante más de lo que tenían.

Es evidente que las democracias, casi todas, han degenerado, en su más esencial cometido, que es, sencillamente hacer partícipe a todos los ciudadanos, en las tomas de decisiones, posibilitándoles con medios y mecanismos su integración y participación. Hoy, las mayorías de las democracias, representadas por las viejas y obsoletas oligarquías junto a los partidos políticos tradicionales que la integran, con las correspondientes alternancias en el poder, solo vislumbran, consienten y permiten, oportunismo de liderazgo, ausencia de democracia internas, y nula voluntad para regenerarse a sí misma y al sistema electoral que los sostiene.

Lamentablemente, ni la Corona ni el actual Gobierno, están acertando en el uso de sus prerrogativas. Así tenemos, en lo que respecta a la Corona, la falta de actuación, como Jefe del Estado, liderando el cambio necesario, tal como se hizo durante  la transición. En cuanto al Gobierno, a pesar de su mayoría absoluta, es notoria la falta de liderazgo para ejecutar drásticamente las reformas prometidas, lo cual  retrasa y entorpece la salida de la crisis y actualización de la Constitución, además de la mala imagen de la marca España que se está generando con los casos de corrupción de nuestra clase política, financiera y empresarial.

La Corona, a mi me parece, está desaprovechando una ocasión única e ideal, para apuntalar la falta de liderazgo del Gobierno, nominando un  Comité de Cambio  Constitucional, que presidido por el Rey  Felipe VI  reuniera a españoles con probado criterio, conocimiento y experiencia para entre todos encontrar el consenso de los partidos políticos, instituciones públicas y ciudadanos en las reformas de la Constitución del 1978, a realizar.

Dado que los partidos han sido incapaces de llegar a un pacto o compromiso colectivo contra la corrupción, es el momento de que los ciudadanos les exijamos a ellos este compromiso con la sociedad, y que controlemos si lo cumplen a través de nuestro voto en las elecciones, que es de las pocos instrumentos que tenemos para hacer algo que pueda influir sobre los partidos. La ciudadanía se debe darse cuenta que el poder es suyo si canalizan los votos para lograr sus deseos de prosperidad y bienestar. “VOTAR ES PODER”, ya que la mayoría en votos da el poder político para poder poner en marcha los cambios o reformas que sean democráticamente deseados por la mayor parte de los ciudadanos.

El poder está en los ciudadanos si ejercen su voto con criterio, sin dejarse llevar por sentimientos nacionalistas,  demagogias,  rencores, frustraciones, lucha de clases y otras lindezas, olvidando que necesitamos administradores de los recursos que actúen con eficacia y eficiencia, sin corrupción y despilfarro.

No nos engañemos, el problema de España, no es que no se sepa que cambios y reformas debemos realizar, sino en la absoluta falta de interés en cambiar de la clase política existente que sufrimos gracias al nefasto sistema electoral implantado en la transición con vistas a potenciar el bipartidismo.

En España  se necesita una Reforma Constitucional, que ponga al día lo instituido durante la transición, independizando los poderes públicos, persiguiendo la corrupción ,consolidando el estado del bienestar y mejorando el sistema de partidos actual, asegurando que el país sea dirigido por personas formadas con idiomas y C.V. intachables, siempre con la vista puesta en lograr atraer a los mejores profesionales a la función pública y reducir el gasto público total, pero manteniendo un nivel salarial acorde con el grado de responsabilidad de cada puesto.

Y junto a todo eso  existe  el rechazo al resurgido “derecho a decidir” reclamado en Cataluña y latente en el País Vasco. Un término que se identifica como un derecho de autodeterminación camuflado que solo correspondería, en derecho internacional, a las antiguas colonias.

Desde hace más de 30 años se han ido incrementando los escándalos de corrupción en la gestión política y entorno de la sociedad,  así como la cada vez más reconocible falta de honestidad, formación, experiencia y carencia de inteligencia emocional y capacidad de liderazgo transformador de los políticos en funciones. Se gasta más de lo que se aprueba y se dispendio con despilfarro.

No hay mecanismos de transparencia y rendición de cuentas suficientes. Los presupuestos no son realistas con numerosas ampliaciones y/ modificaciones, con malas planificaciones y cálculos de amortizaciones inexactos o inversiones que no aportan a largo plazo un nivel de productividad y competitividad idóneo, etc.

Asimismo, la rendición de cuentas de los políticos ejerciendo como funcionarios del Gobierno y Autonomías es una asignatura pendiente. En consecuencia, los endeudamientos y malversación de fondos en las administraciones públicas de las autonomías e instituciones estatales, junto a las prevaricaciones, sueldos ocultos y otras prebendas dentro de la financiación de los partidos políticos y aceptación del mundo empresarial, han sido frecuentes y con organizaciones fraudulentas de tipo mafioso, con penas mínimas y no devolución de lo robado y despilfarrado del erario público.

A tener muy presente asimismo, que la recaudación de Hacienda es una de las más bajas de la U.E. en relación a la población ocupada, lo que se explica porque hay una parte de quienes obtienen ingresos que elude el pago de sus impuestos, mientras la presión fiscal se incrementa sobre los asalariados por cuenta ajena, que no tienen la posibilidad de evadir. Por su propia naturaleza, no es fácil de detectar y menos de aflorar, pero ahora más que nunca el Ejecutivo está obligado a hacerlo para evitar la sensación de que Hacienda aprieta cada día más a las rentas de trabajo para compensar su falta de eficacia en la persecución de los defraudadores.

La situación política es de tal calibre de descrédito político, que además lastra la imagen y competitividad de la economía española, que en el último Foro Económico Mundial, realizado en su  Asamblea Anual que se ha llevado a cabo a fines de enero de 2018 Davos (Suiza),ha quedado plasmada la falta de calidad institucional, el peso excesivo de la burocracia, la malversación de fondos públicos y pago de comisiones ilegales, así como el bajo nivel de confianza que da nuestra clase política, que se sitúa a la cola  junto a los países de mayor corrupción o mala gestión gubernamental.

Es decir que se  nos ve como un país donde se ha sustituido al trabajo honrado y bien hecho por la comisión y el pelotazo; la enseñanza por el adoctrinamiento político; el empleo público por el enchufe (de tres millones de empleados públicos, solo 700.000 lo son mediante oposiciones limpias y transparentes).

Davos y su foro nos enseña  cómo Rajoy  nunca ha tenido la dignidad de representar a España en Davos, y que haya tenido que asumir el Rey el puesto que le toca a nuestro presidente creo que es humillante .Diga que no quiere pasar la vergüenza de Zapatero la única vez que fue y se interrumpió la conferencia buscando un intérprete ya que era el único que no sabía inglés.

En resumidas cuentas, es de rigor, después de todo lo expresado y más razonamientos no mencionados, indicar la imperiosa necesidad de fortalecer las instituciones responsables de vigilar el ejercicio de gestionar los recursos públicos del país y elevar el nivel intelectual de nuestra clase política.

4.-PROPUESTA DE REFORMAS PARA SALIR DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS POLÍTICA.-

El principal objetivo de una verdadera reforma constitucional debe ser instaurar una verdadera democracia de ciudadanos, no una dictadura de partidos, como el actual sistema vigente en España.

Hay que facilitar que la gente se meta en política con la firme voluntad para reclamarles y exigirles a los políticos y gobernantes, que sin los ciudadanos no existe democracia, porque la democracia es simple y llanamente la esencia misma de participación.

Votar es el único poder que los políticos han dejado al pueblo en estas democracias prostituidas en las que sólo mandan ellos Han pasado ya, más de 30 años, sin que hasta la fecha, hayan existido, iniciativas de los diferentes partidos, en particular de los dos mayoritarios, para reformar y cambiar muchísimos aspectos de nuestra Carta Magna, que a día de hoy son urgentes y necesarios. Esto es, reforma de la Ley electoral, Ley de Financiación de partidos, sindicatos, etc, autentica división de poderes, y otras de índoles autonómicos, locales, así como otros muchos aspectos del código civil, penal, etc. , que debería someterse sin lugar a dudas a una nueva Constitución. Realmente se debe disponer como mínimo de una reforma constitucional o legislativa que afronte una aceptación mayoritaria de todos los partidos políticos, consensuando las siguientes cuatro premisas principales:

1. REFORMAS ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA.

2. LEY ELECTORAL y  LEY DE PARTIDOS.

3. LEYES ANTICORRUPCIÓN.

4. REFORMAS ECONÓMICAS.

Seguidamente trataremos de recopilar en estas cuatro premisas algunas de las reformas que la  ciudadanía y diversos partidos políticos han ido mencionando y que en su mayoría están esperando sean tenidas en cuenta y puestas en práctica para bien del futuro del país.

Con un enfoque de pensamiento sistémico he aglutinado las reformas que seguidamente iré mencionando, utilizando la herramienta, como método de análisis, de la técnica del mapa hipotético para encontrar respuestas adecuadas a la pregunta de : ¿Cómo reformar la Constitución  española?. Se adjunta una representación esquematizada en Power Point:

Descarga mapa_reformas

4.1.-REFORMAS ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA.-

Citaremos a continuación algunas de las reformas constitucionales de sesgo administrativo y jurídico que consideramos necesarias para ser incluidas en las reforma de la actual Constitución de 1978.

4.1.1.-REFORMA ADMINISTRATIVA.-

• Instaurar un Comité de Reforma Constitucional C.R.C., que redacte su normativa y vigile su continuidad con los cambios que sean precisos. Con la intención de reorganizar el sistema para convertirlo en una democracia de ciudadanos, sería conveniente que la Corona presidiera un C.R.C. compuesto por un conjunto de consejeros, elegidos directamente por los ciudadanos entre gente independiente, con probado prestigio y sin pertenencia a partidos, que tendrían los poderes delegados del pueblo para vigilar con autoridad al sistema, con especial énfasis en el Gobierno, la Justicia, el Parlamento, las Instituciones Públicas y su funcionariado.
• Estudiar la aprobación de un nuevo Plan Fiscal Autonómico, asimétrico o simétrico si se consensua su aceptación y correspondiente cupo por cada autonomía.
• Revisar la composición de mandos y forma de elección de los órganos reguladores del cumplimiento constitucional.
• Definir las competencias del estado y autonomías, especialmente en Sanidad, Educación y Justicia, asegurando un mínimo de bienestar social y derechos al ciudadano.
• Devolución al Estado de las competencias esenciales de la educación, para evitar la  formación de futuros separatistas. Establecer una Ley de Educación única a nivel nacional homogenizando  los diferentes sistemas autonómicos de enseñanza, disponiendo en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales de un sistema de enseñanza trilingüe con español, lengua cooficial y primera lengua extranjera a partes igualesy en las comunidades autónomas sin lengua cooficial, se optará  por el bilingü
• Reformar la formación profesional ya que está infrautilizada. Los planes de estudio de formación profesional deben adaptarse al mercado laboral y a la demanda de las empresas, aprovechar los cambios originados por la economía global, los servicios en red, etc
• Revisión del número y composición de las comunidades autónomas con lógica administrativa, geográfica e histórica, procurando agruparlas para llegar a un máximo de seis. Por ejemplo: Celta, Vascona, Mediterránea, Castellana, Bética y Canaria.
• Instaurar una Ley de la Transparencia que obligue y facilite el conocimiento de los gastos realizados por los administradores de instituciones públicas o estatales. Establecer un control efectivo por el poder central del gasto de las comunidades autónomas y ayuntamientos, con una política de presupuesto base cero y cumplimentación de los presupuestos. Este sistema PBO trata de que los ingresos y gastos estén perfectamente equilibrados evitando pérdidas en los resultados de cualquier gestión administrativa. Establecer un riguroso sistema de control y seguimiento de la gestión de las administraciones públicas estatales y autonómicas, que disponga de los recursos necesarios.
• Implantar en la administración pública la publicación en una web de su presupuesto y el desglose de todos los gastos incurridos en tiempo real así como la documentación soporte, en cada administración pública.
• Evaluar las gestiones de los administradores públicos. Establecer un sistema de evaluación que permita valorar la eficacia y eficiencia de los gestores
• Supresión de los organismos administrativos autonómicos redundantes que dupliquen los del Estado. Eliminar las duplicidades. No permitir la duplicidad en diferentes puestos de trabajo o de departamentos o administraciones institucionales a nivel estatal o autonómico.Reforma estructural. Disminución de los organismos se administraciones locales fusionando Ayuntamientos, Alcaldías u otras agrupaciones no eficaces en sus funciones.
• Eliminación de financiaciones públicas a sindicatos, patronales y partidos políticos.
• Eliminar subvenciones a O.N.G. entidades supuestamente sin ánimo de lucro y que sean tapadera para dar empleo a correligionarios y parientes de los políticos.
• Planificar la disminución de funcionarios públicos, amortizando los jubilados.
• Realizar una disminución de asesores en las instituciones públicas.
• Despolitizar definitivamente a las cajas de ahorros.
• Autonomía universitaria auténtica, sin participación de los poderes políticos
• Remuneraciones a los políticos con cargos públicos con sueldos al nivel del mercado laboral para potenciar la incorporación de ingenieros o científicos generalistas en el mundo de la política.
• Privatización o cierre de los medios de comunicación públicos que funcionan como medios de propaganda del poder político.
• Reforma de la Ley del Suelo, que acondicione la financiación de las instituciones locales.

4.1.2.-REFORMA JURÍDICA.-

Un Estado de Derecho tiene tres funciones principales:

• En primer lugar crear las leyes por las que se va a regir ese Estado. El Poder Legislativo es el encargado de hacer las leyes. En España el Poder Legislativo es el Congreso de los Diputados. Se debe legislar para obtener una real independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
• En segundo lugar, gobernar el país de acuerdo a esas leyes. El Poder Ejecutivo es quien gobierna el país de acuerdo a las leyes vigentes. En España el Poder Ejecutivo es el Gobierno.
• Y en tercer lugar vigilar que todo el mundo sin excepción, cumple esas leyes que se han creado. Y el Poder Judicial es quien se encarga de que todo el mundo respete las leyes

Analizando la independencia de los poderes tendremos en cuenta que cada Poder debe ser totalmente independientes de los otros dos, y las decisiones de un Poder no pueden ser invalidados, anulados o modificados por otro Poder.

Uno de los grandes problemas de España es que no existe la separación de Poderes, y eso es lo que permite a la casta política llevar décadas saqueando a los ciudadanos. En España es el Poder Ejecutivo quién elige al Poder Legislativo (en la práctica) y al Poder Judicial (en la teoría y en la práctica), y por eso el Poder Legislativo y el Poder Judicial son simples marionetas del Poder Ejecutivo. Un país que vive en estas condiciones, como es el caso de España, no es ni un Estado de Derecho ni una Democracia.

Luego es absolutamente urgente y necesario seguir las instrucciones del Consejo de Europa sobre independencia judicial y prevención de la corrupción, ya que  a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), critica con dureza a España por no garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial.

Así vemos como dice que nuestra Constitución no cumple las modalidades de selección de los miembros de la magistratura en el CGPJ, recordando la importancia de que el poder político no interfiera en el judicial, y rechazando las alegaciones realizadas por el Gobierno para defender el sistema de elección de los jueces y su periodo de mandato.

Se precisa modificar el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado para reducir el peso del Gobierno en la elección de este cargo y que tenga que someterse a la aprobación de la mayoría del Congreso.

También el grupo Greco echa en falta de “criterios objetivos y requerimientos de evaluación” para los cargos, y sistema de nombramientos de jueces y fiscales. Los expertos creen que hay que garantizar la transparencia en las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal, que deben ser siempre por escrito y publicadas de forma adecuada, así como el escaso plazo que se da para resolver los expedientes disciplinarios abiertos a jueces y fiscales. La ley fija seis meses de margen, con lo que transcurrido ese periodo, las posibles irregularidades prescriben. El Consejo de Europa destaca que en el caso de otros funcionarios judiciales (como los secretarios), el plazo de prescripción es de un año.

Respecto a las reformas para disponer realmente de una independencia en España entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, citare seguidamente las reformas que pudieran servir para conseguirlo.

• Revisión de la composición, mandato y forma de elección de los órganos constitucionales y de los reguladores garantizando su independencia.

Como reformas específicas relacionadas con la administración de la Justicia, se pueden citar las siguientes:

• Administraciones y juzgados de tamaño óptimo, eficiente, profesional
• Modernización de la estructura judicial con las TICs
• Penas contra delitos fiscales, como el blanqueo de dinero y fuga de capitales a paraísos fiscales.
• Establecer penalización a la mala gestión de dirigentes públicos o privados con derroches o despilfarros ilegales y deshonestos.

4.2.- REFORMAS DE LAS LEYES ELECTORAL Y  DE PARTIDOS.-

4.2.1.-REFORMA DE LA LEY ELECTORAL.-

El debate tiene que ver con la desigualdad del sufragio de los españoles, fruto, esencialmente, de la exigencia constitucional de mantener la provincia como distrito electoral, lo cual provoca precios dispares por cada escaño: hacen falta relativamente pocos votos para obtener diputados en las partes menos habitadas de España, granero habitual del PP y en parte del PSOE; pero se necesitan hasta cuatro o cinco veces más en las zonas densamente pobladas.

Se necesita establecer un verdadero vínculo entre representantes y representados, corrigiendo la descompensación entre el número de votos y el de diputados en el Congreso, tratando de conseguir la proporcionalidad del sistema electoral, lo que puede obligar a una reforma constitucional en el caso de que se modifiquen las circunscripciones.

Respecto al Senado, frente a quienes patrocinan sin más su supresión, inadecuada cuando de un Estado descentralizado se trata, se debiera  convertir la Cámara Alta en una verdadera cámara territorial y sustituir a los senadores, cuyo número es excesivo (alrededor de 270), por un número más reducido que podría ser el compuesto por los presidentes de las comunidades autónomas, con un número mínimo de senadores por autonomía, de forma que dispondrían de un voto ponderado en función de la población de cada autonomía.

Este órgano del Senado ostentaría unas competencias definidas como segunda cámara legislativa y se centrarían en la aprobación: de las leyes que afecten al sistema general de financiación de las comunidades autónomas y de la distribución de fondos y dineros públicos y  de la planificación de grandes con un nuevo sistema electoral que Senado.

Si se estableciera de un sistema electoral con listas abiertas y participativas representando cada diputado a los votantes de su circunspección, se debiera establecer una estructura nacional de las mismas, de manera que fluctuaran entre los 100.000 y 50.000 habitantes con derecho a voto. En este caso, si consideramos un total aproximado de 35.000.000 de votos posibles, se necesitarían del orden de 450 diputados en Las Cortes, en lugar del máximo actual de 400.

Seguidamente citaremos una recopilación de las reformas relacionadas con el sistema de elecciones actualmente en rigor, a saber:

• Reforma de la Ley Electoral en la formación del Congreso o Cámara Alta, con un nuevo sistema electoral realmente participativo, para desbloquear las listas cerradas de los partidos, con una mayor proporcionalidad entre votos y escaños, y compuesto por un diputado para cada circunspección.
• Reforma de la Ley Electoral en la formación del Senado o Cámara Baja, con atribuciones legislativas territoriales y con un sistema electoral formado a partir de las listas de candidatos a senadores presentadas por los partidos políticos, nominando a los presidentes de cada autonomía y senadores según lo estipulado ponderadamente considerando la densidad de población de cada autonomía.
• Reforma estructural de las circunscripciones. Establecer una reducción del número de municipios mediante la agrupación de colindantes que ronden los 50.000 votantes, con lo que las circunscripciones a tener en cuenta para el reparto de escaños dejará de ser la provincia, agrupando municipios y ayuntamientos, en lo que fuera necesario.
• Utilización del Voto Virtual. Asimismo, teniendo presente como meta la década de los 2020, sería conveniente ir preparando a la ciudadanía y clase política al establecimiento de una democracia virtual, de manera que fuera posible, con una seguridad informática total, la emisión de votos por medios informáticos, con lo que se podría votar cualquier circunstancia o proyecto de ley que afectaran al estado y sus autonomías.

4.2.2.-REFORMA DE LA LEY DE PARTIDOS.-

Ningún político en activo denuncia la raíz del problema, que no es otro que la ausencia de democracia en los partidos con probabilidades reales de gobernar. El resultado, como no puede ser de otra manera, es que el actual régimen de partidos ha acabado por expulsar del sistema político a la ciudadanía. No es para menos teniendo en cuenta, además, que ejercer la política -mal pagada y peor considerada- se ha convertido en un oficio bajo sospecha.

Se ha llegado a esta percepción no porque los ciudadanos lo vean así de forma natural, sino porque son los propios políticos los que han creado un sistema cerrado del que sólo despotrican cuando son expulsados de los meandros del poder.Ya es un clamor de demandas para sustituir el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas por otro que permita a los votantes negar su respaldo a candidatos que no consideren dignos de su confianza. En principio, la reivindicación de listas desbloqueadas o abiertas cuenta con el apoyo de los principales partidos. Llevarlo a la práctica no será tan fácil, puesto que implica retirar a las cúpulas el control del orden en que sitúan a los candidatos, una de las palancas de su poder interno. Al elector solo se le ha permitido hasta ahora enjuiciar globalmente a marcas de partidos y no a candidatos individuales.

También es necesario disponer de una Ley que contemple un tope de ocupación de cada puesto dirigente a nivel estatal o autonómico, empezando con los diputados del Congreso y los senadores del Senado. Es posible considerarse la vuelta al puesto político después de dos legislaturas, es decir 8 años.

Con uno y otro sistema electoral, hay que vigorizar a los partidos. Algunas de las más importantes organizaciones políticas dilatan demasiado sus congresos, como le ocurre al PP, que ha dejado transcurrir casi cinco años desde su último cónclave nacional. Por comparación, en Reino Unido o Alemania es habitual una reunión anual o cada dos años. La cadencia de congresos anuales en los partidos observada en España tiende a perpetuar el poder de los dirigentes, dilatar la rendición de cuentas y minimizar los debates sobre las líneas de acción.

Un gran asunto pendiente es el de la transparencia de la financiación política. Es insoportable cargar a la ciudadanía con la factura del sostenimiento legal de la política mientras persisten fuertes sospechas sobre el origen irregular de otra parte de los fondos empleados.

Hoy en día se puede asegurar que tenemos más políticos viviendo de los presupuestos que ningún país de Europa. Resulta que tenemos con seguridad más de 300.000 políticos más que Alemania, con la mitad de población, y eso que  Alemania está mucho más descentralizada que España. Solo falta por añadir que para trabajar como policía hay que tener el bachillerato superior y hacer una oposición. Sin embargo para optar a diputado no existe ningún requerimiento, ni titulación ni oposición, solo el dedo para figurar en la correspondiente lista de candidatos dictada por el partido, y  por supuesto haber entrado en el número de diputados que haya obtenido su partido.

Tampoco ha existido por parte de los políticos ningún deseo de verse retratados con una evaluación del desempeño de su trabajo como gestor y responsable de las funciones y tarea en su administración pública, aplicando el presupuesto con efectividad y eficacia.

Los hechos demuestran cómo paulatinamente la información disponible sobre las prebendas retributivas de los altos cargos del Estado es muy deficiente, por la escasa transparencia en cuanto a las prestaciones y beneficios sociales que reciben, más allá de los sueldos fijos y variables. Por lo tanto, cualquier revisión del sistema retributivo debe pasar previamente por otras medidas de mejora de la democracia interna de los partidos, intensificar la profesionalización de los entes públicos, introducción de procesos transparentes para acreditar el mérito y la capacidad de los nombrados o implantación de baremos para determinar si una persona es adecuada para un cargo según sus capacidades profesionales pero también su ética, honestidad y transparencia.

Los ministros y otros cargos no electos como sus secretarios de Estado, subsecretarios o directores generales cuentan con un salario fijo establecido en los Presupuestos del Estado, una retribución variable y unos beneficios sociales cuyo detalle se desconoce.Es ineludible plantear diferencias retributivas entre los ministros en función del peso que tenga cada cartera, tanto en términos presupuestarios como de competencias, y que esas diferencias se trasladen también al resto de la escala de responsabilidades dentro de los ministerios.

Luego se necesita una revisión generalizada de las escalas de salarios, la cual debería incluirse también a los máximos directivos del sector público empresarial y responsables de entidades públicas del Estado.

Las grandes diferencias que existen entre estos sueldos y los del sector privado generan el riesgo de que no se encuentren profesionales de la valía necesaria que quieran dedicarse a la función pública y aumentan la probabilidad de que se produzca el fenómeno de las puertas giratorias.

A considerar que el sueldo medio de los diputados se sitúa en torno a los 80.000 euros, sin tener en cuenta que la gran mayoría compatibilizan sus funciones públicas con actividades privadas. Por eso, es recomendable  cambiar el esquema retributivo, eliminar los complementos por cargo e introducir en su lugar una retribución variable en función del desempeño y la actividad de cada diputado de modo que cobren más los que trabajan más eficaz y eficientemente.

Luego, es evidente la necesidad de una nueva Ley de los Partidos Políticos que limite su duración en el poder, su grado de preparación, su escala de salarios y prebendas y normalice una real democracia interna. Trataremos a continuación de citar algunas de las reformas de la ley de partidos mencionadas:

• Reforma de la Ley de Partidos para asegurar que su funcionamiento interno es democrático estableciendo una Democracia interna de los partidos políticos.
• Reformar la financiación de los partidos. Sin subvenciones estatales y control de las financiaciones privadas o empresariales, obligando a los partidos a que se financien con sus propios ingresos. Retención de toda subvención pública a los partidos políticos que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas. Publicación de la liquidación de gastos e ingresos electorales, en los tres meses siguientes a las elecciones. Tipificación jurídica del delito de financiación ilegal de los partidos. Prohibición legal de las donaciones de empresas (u otras personas jurídicas) a los partidos. Prohibición legal de la condonación de deudas a los partidos por las entidades financieras
• Eliminación de aforamientos políticos: Que todos los cargos políticos tengan que acudir a los tribunales ordinarios si son juzgados y, por tanto, que se elimine la figura del aforamiento para los integrantes del Parlamento y del Gobierno y en las comunidades autónomas para eliminar también los aforamientos de cargos territoriales.
• Reducir los gastos de representación y protocolarios. Entre otras medidas propugnamos: Supresión dietas por asistencia a Consejo de Administración derivadas del cargo público. Reducción drástica en el número de vehículos oficiales. Limitación en la existencia de gabinetes de prensa. Fuerte restricción en los viajes internacionales en todas las administraciones públicas. Eliminación de la indemnización por ser elegido en una circunscripción distinta a Madrid para los parlamentarios que cuentan con una vivienda en la capital. Reducir el número de coches oficiales y limitar el importe de la tarjeta de taxis
• Introducir una retribución variable en función del desempeño y la actividad de cada diputado.
• Revisión generalizada de las escalas de salario de los mandatarios públicos, buscando un equilibrio comparativo con el mercado laboral del momento.
• Estipular requerimientos de formación y transparencia de patrimonio adecuados a los cargos públicos , incluyendo a diputados y senadores

4.3.-REFORMA DE LAS LEYES ANTICORRUPCIÓN.-

En la actual situación, dominado por partidos políticos sin control y por políticos profesionales casi plenamente impunes, no hay garantías y la corrupción es la moneda común que emana del sistema.Necesitamos fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y, para ello, la transparencia puede ayudarnos. Sin embargo, recuperar la confianza pasa también por exigir, a quienes nos representan, que se acomoden no sólo a lo que exige la ley, sino al estándar de honorabilidad o virtud pública que la sociedad acuerde exigir en el ámbito propio de la responsabilidad política.

La institución europea GRECO pide crear un código de conducta para diputados y senadores que dirima posibles conflictos de interés y establezca protocolos para la aceptación de regalos y comunicación de intereses económicos, entre otros elementos. Respecto a la declaración de intereses, Greco reconoce los avances, pero pide medidas adicionales, como informar del valor de mercado de los inmuebles que poseen los diputados, detallar los intereses abonados por los préstamos o consignar los regalos y los viajes patrocinados que han disfrutado.

Además, Greco exige un marco para regular los contactos con los llamados grupos de interés (por ejemplo, representantes de empresas que visitan a los parlamentarios para trasladarles sus preferencias legislativas).

Las medidas que España no ha adoptado y que había pedido el Grupo de Estados contra la Corrupción son:

1. Que el Congreso y el Senado adopten un código de conducta con medidas prácticas de aplicación.
2. Que se tomen medidas para garantizar un control de las obligaciones declarativas de los parlamentarios
3. Que se analice el marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial.
4. Que se legislen criterios objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos en las altas funciones de la judicatura.
5. Que se amplíen los plazos de prescripción de procedimientos disciplinarios de los jueces.

Asimismo, a continuación se citan diversas reformas que mejorarían la lucha contra la corrupción, a saber:

• Ley de protección al denunciante de corrupción, fraude, abuso o despilfarro
• Cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados
• Limitación al máximo de la concesión de indultos, excluyendo en todo caso los delitos por corrupción.
• Introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores y contra la corrupción.
• Establecer responsabilidades de los cargos públicos encargados de la gestión presupuestaria y de reducción del déficit.
• Revisión de las normas reguladoras de la responsabilidad civil derivada de delitos para asegurar que, en los supuestos de corrupción, las consecuencias del delito de corrupción se satisfacen con todos los bienes y derechos del condenado y, con las garantías debidas, los que pudiesen figurar a nombre de sus allegados o testaferros. Corresponsabilidad de partidos políticos en casos de cargos condenados por corrupción. Se impulsará, dentro de la figura de corresponsabilidad jurídica, la concurrencia a la pena impuesta de condenado y partido, garantizando el partido inicialmente y como aval, el cobro de las cantidades económicas objeto de la condena para acudir después concurrentemente en las sanciones.
• Establecimiento de juicios rápidos para el enjuiciamiento de delitos relativos a la corrupción.
• Prohibir el nombramiento y hacer obligatorio el cese como Altos Cargos en todas las Administraciones Públicas de quienes se hallen incursos en juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política e incorporar en la LOREG una causa de inelegibilidad para quienes, en el momento de aprobación de listas electorales, se hallen incursos en juicio oral por este tipo de delitos. Los concejales y parlamentarios en esta situación resultarán suspendidos de sus funciones.
• Exigir a los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado que presenten, al inicio y al final de su mandato, certificaciones de la correspondiente Administración Tributaria que acrediten, tanto el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Pública y la inexistencia de deudas tributarias vencidas y exigibles, como la situación patrimonial y las variaciones que en ésta se hayan producido durante el tiempo en que se hayan desarrollado sus funciones.
• Prohibir que los cargos políticos, en los 5 años siguientes al abandono de su cargo, puedan ocupar un puesto ejecutivo en empresas o sectores sujetos a regulación pública directamente relacionadas con las labores que viniera desempeñando. Esta prohibición se extiende también a empresas beneficiarias de subvenciones o concesiones públicas.
• Inspección periódica (cada 4 años) de cargos públicos elegidos en Congreso, Senado, Comunidades y Municipios cubriendo a todos los partidos políticos con cargos electos.
• Informatizar y transparentar los procedimientos de acceso al empleo público. Todos los procesos de contratación de personal y promociones internas serán transparentes al público
• Educación Social que enseñe a la ciudadanía a seguir una cultura cívica de ética y honestidad desde su juventud:
• Boicot a los paraísos fiscales y al blanqueo de dinero.
• Control de la gestión bancaria.

4.4.-REFORMAS ECONÓMICAS.-

A continuación citaremos un cómputo de las  mejoras a realizar en España, que considero  necesarias. La competitividad sólo puede impulsarse rebajando los costes y/o aumentando la productividad. Para todo ello, es necesario que los bienes y servicios producidos en España sean competitivos en los mercados internacionales, necesitándose una política estatal que incremente el gasto en apoyo del empleo y se esfuerce en ir disminuyendo la deuda pendiente alargando sus plazos de pagos.

Por tanto, se deberá proceder a una bajada de los impuestos y cargas fiscales , dando solvencia a las empresas y familias con lo crecerá el consumo y la demanda, y por tanto, la economía y el PIB nacional. Con estas medidas  es posible que se active la creación de empleo, con lo que se podría atacar la disminución de la economía sumergida  que alcanza una tasa del orden de un 23 %, y que hoy en día está ayudando a sobrevivir en muchos casos a la lucha contra el desempleo.

Actualmente, estamos congelando nuestros salarios y mejorando nuestra productividad lo cual nos hace más competitivos, y aun mas si el euro se depreciara en su valor. Esto está produciendo oportunidades reales en el sector exportador e incluso en posibles inversiones estableciendo centros de producción en el país, gracias a la competitividad y conocimiento de nuestros dirigentes y operarios, lo cual es visible especialmente en el sector automovilístico.

En lo que respecta al objetivo de la disminución de la deuda se debe incrementar la contención del gasto público, se deben considerar varios elementos que incrementan la dificultad para alcanzar el equilibrio presupuestario:

1. Los costes financieros resultantes del mayor volumen de deuda y los crecientes costes de servicio.
2. Los subsidios de desempleo en máximos históricos.
3. Las pensiones y costes socio-sanitarios como consecuencia del envejecimiento de la población y una mayor esperanza de vida

Es imperativo que el Gobierno y el resto de las Administraciones Públicas continúen en sus esfuerzos para equilibrar cuanto antes las cuentas públicas, reduciendo el gasto público, incluyendo una mayor optimización en la gestión de las prestaciones sociales y con una estructura que evite las duplicidades.

Luego se impone un análisis preciso sobre el número adecuado de funcionarios para cada actividad, así como la introducción de mecanismos que promuevan la flexibilidad y la productividad en la función pública, ligando aspectos como el rendimiento y la remuneración y potenciando la meritocracia.

Se debe acometer una profunda reforma de los órganos fiscalizadores del gasto público, que deben ser totalmente independientes del poder político e incorporar las prácticas del sector privado en lo relativo a metodología y plazos. También debe procederse a liquidar o vender empresas públicas deficitarias.

Asimismo, una reforma del sistema de pensiones es urgente, pues la evolución demográfica ha provocado la imposibilidad de que el sistema continúe ofreciendo las prestaciones actuales, con lo se puede considerar:

1. La realización de una prolongación progresiva de la vida activa de los trabajadores adecuándola al aumento de la esperanza de vida.
2. El incentivo a los planes privados o la valoración de modelos de capitalización.
3. La revisión de la estructura contributiva.

Respecto al  sistema sanitario debe mantenerse el sistema de moderado copago en los servicios sanitarios en función de la renta, así como fomentar técnicas de gestión avanzadas como la sanidad digital, la integración de la sanidad pública y privada.

En cuanto a la legislación empresarial debe ser reformada para facilitar la normativa para abrir un negocio. El exceso de regulación da un amplio margen de mejora del marco legal y del sistema judicial, condición imprescindible para un buen funcionamiento de mercado.

España tiene uno de los mayores índices de dependencia energética entre los países desarrollado. Los mayores costes energéticos que soporta España con respecto a otros países de la UE tienen un impacto negativo en la competitividad de la economía. Esta situación se debe, entre otras razones, a que las importaciones de energía suponen un enorme lastre para la balanza de pagos.

En cuanto a nuestro liderazgo en el Turismo, pilar de nuestra economía, es evidente la necesidad de diversificar la oferta turística  de España, con vistas al futuro , tratando de captar la afluencia de visitantes y jubilados con capacidad financiera. En este contexto, y considerando las prestaciones naturales del país, en cuanto a su calidad sanitaria, riqueza en balnearios termales, lodos curativos, dieta mediterránea, clima excelente y posicionamiento geográfico, es factible ver un potencial sin utilizar debidamente, para configurar un vector de incidencia como sector de arrastre , ya que hace falta la búsqueda de un objetivo común que sirva para diferenciar a España ante el turismo potencial existente, centrándose prioritariamente en un Plan Nacional de Salud y Ocio con las prestaciones que mejoren la calidad de vida de la tercera edad, que actúen como catalizador de un incremento centrado en a captación de jubilados con capacidad financiera alta, junto a emprendedores, profesionales free-lance  o empresas innovadoras cuyos dirigentes busquen seguridad, clima e infraestructuras de salud y ocio de alto nivel.

En consecuencia de lo expresado, se pueden tener en cuenta una relación de medidas y recomendaciones para aumentar la competitividad, productividad e internacionalización de la economía española , a saber:

• Llevar a cabo un plan de mejora de imagen que consolide mundialmente la “marca España” en todas sus facetas.
• Reformar el marco legal y el sistema judicial español para eliminar incertidumbres jurídicas, centrándose en potenciar la internacionalización de las PYMES españolas y la penetración de la tecnología en ellas, así como promover el aumento de su tamaño, factor determinante para una mayor productividad, internacionalización e innovación. Apoyar a los emprendedores con toda clase de medidas, creando centros incubadores de negocios y ayudando a los proyectos de internacionalización e I+D+I de las empresas. Mejorar el acceso de las pymes a la financiación mediante instrumentos de deuda y de titulación de préstamos.
• Reforma de la legislación laboral con nuevas revisiones para simplificar decididamente la contratación, aumentar la flexibilización y reducir costes laborales. En materia de despido, los costes de despido deben equipararse a los de nuestros competidores europeos. Reducción de los tamaños de los comités de empresa y número de horas dedicadas a la actividad sindical. Contrato único con condiciones de rescisión siguiendo la media europea. Establecer un sistema para las pensiones con una base a cuenta del Estado, una parte de capitalización a cargo de la empresa y una parte individual a un fondo de pensiones personal privado. También es imprescindible fomentar una mayor vinculación de los incrementos salariales a la productividad, adoptando las siguientes medidas:
• incentivo a la contratación indefinida
• fomento a la movilidad geográfica y funcional
• racionalización de los horarios laborales
• fomento del teletrabajo mediante el uso de las TIC
• mayor penalización del absentismo laboral injustificado.
• Reformar el marco regulatorio empresarial para facilitar y promover la creación de compañías, con normas o procedimientos que no signifiquen una barrera o ralentización para dicho objetivo. Luego las Administraciones Públicas deben potenciar las soluciones telemáticas en su relación con empresas y ciudadanos, así como llevar a cabo una reingeniería de procesos para reducir cargas, costes administrativos y plazos, poniendo en marcha una coordinación efectiva mediante ventanillas únicas digitales y sistemas compartidos comunes a todos los niveles competenciales (estatal, autonómico y local).
• Reformas en los impuestos y tributos. Proceder a una rebaja sustancial del Impuesto de Sociedades, lo que ayudaría considerablemente a atraer Inversión Directa Extranjera de calidad. En este ámbito, es particularmente necesario ampliar y mejorar la red de tratados de doble imposición. Impuestos más sencillos y supresión del impuesto del patrimonio sobre las personas físicas y del de sucesión de padres a hijos. Incremento del I.V.A. para rebajar las cotizaciones sociales
• Potenciar el transporte ferroviario y de carreteras, agilizando la interconexión ferroviaria y por carretera con los mercados europeos a través de Francia, y liberalizando por completo el sector ferroviario y potenciar el transporte ferroviario de mercancías.